El desembarco de las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de las policías

Por Eduardo Vergara B., director del Laboratorio de Seguridad.

Originalmente publicado en The Clinic, N. 771.

Menos de 48 horas antes que se conociera el fallo de La Haya a inicios de octubre, el presidente Piñera encabezó un ejercicio conjunto entre las Fuerzas Armadas y las policías chilenas en Arica. Con tintes comunicacionales de la guerra fría, se materializaba la ya anunciada estrategia de unir al Estado Mayor Conjunto y las policías bajo una guerra contra las drogas. Semanas más tarde, el mismo presidente anunció en Iquique la institucionalización de una Fuerza de Tarea Conjunta entre estas instituciones, que actuará contra el crimen organizado y que se replicará en el norte, centro y sur del país, incluida La Araucanía.

Incluir a las FFAA en labores de seguridad pública es un error, ya que traerá más violencia y menos seguridad.

En primer lugar, la presencia de militares en labores que no les competen, aumenta de manera significativa las violaciones a los Derechos Humanos y la violencia. Los militares están entrenados para actuar en escenarios de guerra, donde las reglas son relevadas por estrategias de combate y donde la justicia opera de forma paralela. Por esto último, es que quienes quieren consolidar su rol en las calles, buscan que estos tengan seguridad e inmunidad de los sistemas judiciales civiles. Esta es la razón por la cual Bolsonaro está proponiendo inmunidad para todos los militares que maten en servicio. En otras palabras, quiere inmunidad para que los militares puedan actuar en democracia bajo las reglas de una dictadura. Los resultados concretos a nivel latinoaméricano muestran como resultado, en escenarios de guerra montados, que el poder de los cárteles de drogas se ha fragmentado y aumentado, la corrupción a instituciones políticas crecido, la violencia se ha vuelto incontrolable y en lugares, el Estado ha sido completamente reemplazado por estructuras criminales que gozan de recursos prácticamente ilimitados para entregar protección social y oportunidades laborales a los más vulnerables.

En segundo lugar, toda la evidencia muestra que una vez que las FFAA asumen estas labores, es prácticamente imposible que retornen a sus cuarteles, generando círculos viciosos de dependencia. Más que la presencia misma de los militares, además debemos ser cuidadosos en como la presencia de estos pueda permear y profundizar una cultura y prácticas militares en nuestras policías. A medida que las FFAA ejercen roles de policías, las policías deben cada día más parecerse a los militares para ser eficientes.

Finalmente, la historia regional nos muestra como, en los pocos casos en que los militares han logrado ser retirados de zonas o territorios donde tomaron el control, los niveles de violencia aumentan de tal manera que las fuerzas policiales convencionales pasan a ser incompetentes, obligando a que los militares deban volver al territorio actuando con más violencia.

Pero si algunos, legítimamente, creen que tanto Carabineros como la PDI son incapaces de hacerse cargo del crimen organizado en el país, es mejor que partan por decirlo. De ser así, urge reevaluar si la cifra de personal actual es la suficiente, si su entrenamiento y capacidades sirven, pero por sobre todo si a base de la demanda por seguridad pública, pueden o no seguir haciendo su trabajo de buena forma. En paralelo, si esto se trata de un tema de competencias, lo que necesitamos es una reforma profunda en el sistema de capacitación y formación. En otro ámbito, si se trata de cobertura, deberíamos partir por reevaluar el retorno social que la presencia de nuestras policías tiene con base en sus labores. Esto nos obliga a revisar el modelo de internalización de ganancias y externalización de pérdidas que se ha transformado en un subsidio por parte de Carabineros a algunas actividades del sector privado dejando de lado la prevención y resguardo del orden en barrios y poblaciones. Si efectivamente nuestras policías no dan el ancho, avanzar en este debate es absolutamente posible. Pero debemos mejorarlas, no substituirlas por cascos y metralletas.

Nada justifica hoy, que los militares tengan que asumir poco a poco labores que no les competen. De lo contrario, avanzaremos lentamente hacia el camino de la desacreditación policial, erosionando y destruyendo de manera irreversible a nuestros Carabineros y la PDI. Peor aún, este escenario desnudaría la existencia de un desgobierno civil en lo que respecta a la seguridad. Ahí empezaremos a hablar palabras mayores.

De todas formas, es sensato preguntarnos sobre cuáles deberían ser las funciones de las FFAA en el Chile de hoy. Después de todo, no es razonable mantener tan alto gasto militar sin explorar, modernizar y adecuar su rol a la actualidad. Sin embargo, para que esto ocurra, será necesario primero debatir respecto sobre el control civil efectivo (cosa que ni siquiera se cumple con las policías) y respecto a una legislación que eventualmente permita que entren y salgan de ciertas situaciones excepcionales, como desastres naturales o contingencias particulares de seguridad, en los límites de sus competencias y subordinados al control político. Pero por sobre todo e independiente del debate que iniciemos, debe quedar claro, que por ningún motivo estas deben tener un rol en la seguridad pública de manera permanente. Abrir esta puerta, puede ser un error irreversible y un atajo hacia mayor inseguridad.

*Eduardo Vergara B., Director de LabSeguridad.org, Ex Jefe Nacional de Seguridad Pública.

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