Crisis en Carabineros: ¿Qué propone la centroizquierda?

Por Eduardo Vergara B., director de LabSeguridad.org

*Publicado originalmente en The Clinic edición del 13 de diciembre 2018.

Al retirar al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de La Araucanía, el Gobierno terminó por reconocer su responsabilidad política en la reciente crisis de la policía uniformada que se inició tras el asesinato de Camilo Catrillanca en manos del Estado. Solo meses antes, el Presidente Piñera respaldó y aprobó públicamente el descabezamiento y recambio en el Alto Mando, argumentando que este reflejaba “una nueva etapa en la institución”. Sin embargo, fue como resultado de esta misma etapa que la instalación del Comando Jungla se transformó en el símbolo de una de las mayores crisis político-policiales que ha enfrentado el país desde el retorno de la democracia. 

Paradójicamente, la iniciativa de retirar al GOPE de la Araucanía no fue del Ejecutivo, sino de Carabineros. Sigue siendo aceptado que los gobiernos deleguen en las policías su mandato de gobernar la seguridad pública. En Chile, la policía uniformada ha ejercido el rol de administrar problemas en lugares de gran ausencia estatal, actuando como la cara visible del Estado controlando a la población. Dentro de este desmesurado margen de acción, las omisiones permiten que las policías, -en muchos aspectos- se gobiernen solas, no gracias a un acto de sublevación, sino porque la misma autoridad política, al desligarse, les obliga a hacerlo. Estas se autogobiernan, definiendo sus propios criterios y orientaciones, profundizando el desgobierno político y la policializaciónde la seguridad pública. La cultura del Orden y Patria forja su identidad moderna gracias a la omisión.

Pero como es sabido, los problemas en Carabineros no se iniciaron tras el asesinato de Catrillanca. Estos nacen gracias a diversas aristas que se fraguaron por años. Durante este proceso, el poder político de la institución uniformada se mantenía intacto, actuando como una lóbrega capa que impedía ver lo que sucedía más abajo

Frente a estas crisis, y más allá de pedir y celebrar renuncias o bajas, la centroizquierda -desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio-, no ha logrado ofrecer una propuesta progresista y concreta para modernizar y mejorar a nuestros Carabineros, menos sobre seguridad pública. Principalmente porque no sabe que decir. Lo poco y nada que propone, bajo la conveniente retórica del “hablar sin complejos”, sigue enmarcado en las reglas que impone el Gobierno, sustentadas en el ciego populismo del orden, la mano dura y el control. 

Mas allá de la incapacidad de proponer, no sabemos siquiera que piensa respecto a cuál debería ser el rol de las policías en el país. Hace ya décadas que las reflexiones se estancaron. En cambio, y en base a una realidad impuesta, solo nos hemos limitado, incluso con miedo, a hacer ajustes simbólicos en casos de crisis y a actuar pauteados por la los sectores más conservadores. Un ejemplo reciente se ve en como estamos debatiendo sobre mayor control civil sin siquiera saber si concordamos o no respecto a los objetivos y prácticas de la institución. ¿Para qué queremos mayor control civil sobre las policías? ¿Necesitamos nuevas reglas para ejercer ese control o simplemente mayor determinación y coraje político? ¿Son las policías responsables de esta crisis? O ¿somos los que hemos gobernado quienes por omisión les hemos obligado a tener esta autonomía? ¿Debe seguir siendo la policía un gestor de la frontera social como extensión del control y poder del Estado particularmente sobre los más débiles? ¿Deben, en cambio, las policías transformarse en gestores de problemas sociales que usen la fuerza solo bajo condiciones particulares acordadas bajo un pacto social? ¿Corresponde que Carabineros se siga definiendo como una institución policial técnica y de carácter militar? ¿No debería ser en cambio una institución policial civil y ciudadana? ¿Una policía civilizadora y comunitaria?

Una política de seguridad progresista, y sobre todo una policía en una sociedad abierta, tolerante, libre e igualitaria; debe partir por poner la persona al centro. Esto implica revalorar la seguridad en base a la libertad frente a amenazas sobre el individuo, más que en base al perjuicio sobre la propiedad privada. Implica terminar con la obsesión por los delitos de pobres a ricos que han transformado a la cárcel en una extensión de la pobreza. Obliga a asegurar que los mecanismos de acción preventiva garanticen una vida en armonía con derechos sociales, políticos y económicos, en donde la seguridad pública esté garantizada como un derecho a vivir en paz y desplegada donde genera mayor retorno social, no sólo económico. Donde ser policía sea una labor de justicia social y no militar. Pero por sobre todo esta requiere de una metamorfosis hacia un modelo comunitario, pasando de un enfoque centrado en el control y represión del crimen hacia uno centrado en el delito, la calidad de vida y la solución de problemas. Esto obliga a cambiar la evaluación basada en detenciones, incautaciones y cifras delictuales, a una en base a la sensación de temor y la libertad. Se trata de pasar de trabajar con la comunidad a estar asociada con esta, pasar de ser un cuerpo reactivo a uno proactivo. 

Por esto, es bastante poco probable que las reformas administrativas y legales, por si solas, logren mejoras de fondo. Urge aprovechar esta gran oportunidad para articular una discusión política que permita identificar puntos de acuerdo y desacuerdo, pero por sobre todo que permita construir una identidad actualizada respecto a lo que debe ser un policía en el Chile de hoy y mañana. Seguir centrando el debate en la agenda instalada por el gobierno, es continuar validando un enfoque que no nos corresponde y que por sobre todo ha demostrado ser ineficiente en lo que respecta a establecer la seguridad como garante de la libertad y la igualdad.

La seguridad debe ser uno de los principales desafíos de la centroizquierda, precisamente porque la inseguridad afecta desproporcionadamente a los que menos tienen, quitándoles la libertad. Ahora bien, si definitivamente se decide, como de costumbre, abandonar este debate dejándoselo al populismo del orden, la mano dura y el control, pavimentaremos el éxito de una extrema derecha que ha sabido avanzar subyugando a los más vulnerables por medio del miedo, para luego ofrecerles panfletos electorales llenos de promesas de guerras, batallas y combates. Estrategias que, incluso al generar más violencia y desigualdad, han demostrado ser tremendamente efectivas en las urnas como atajo al poder.    


About evergarab

Eduardo Vergara B. es Director del Laboratorio de Seguridad y Fundador de Asuntos del Sur y del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana. Fue Jefe de la División de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior de Chile donde trabajó temáticas de seguridad pública, crimen organizado, trata de personas, narcotráfico, políticas de drogas, sustancias químicas y temas policiales. Es Editor y co autor del Libro “Chile y las Drogas: Una revisión sistemática mirando al futuro“. Es miembro del Observatorio de Crimen Organizado y Gobernanza Democrática en América Latina y el Caribe. Politólogo de la University of Portland y Master of Public Affairs en Seguridad Humana del Instituto de Estudios Políticos de Paris (Sciences Po) donde recibió la beca de excelencia Eiffel. Además ha cursó el M.A. en Ciencias Políticas de la California State University Long Beach y estudios avanzados en Políticas de Drogas y Derechos Humanos en la Central European University en Budapest, Hungría. En el año 2010 fue convocado por el Council of the Americas como parte de las Nuevas Voces de América Latina. Ha presentado propuestas de políticas de drogas en el Parlamento Europeo, la Cámara de Diputados de México, la Cámara de Diputados de Chile, la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además en diferentes países latinoamericanos, europeos, Estados Unidos y eventos como la Bienal de las Américas en Colorado. Autor de ‘Propuestas para regular el consumo y venta al por menor de drogas de base vegetal’ en el libro ‘De la Represión a la Regulación: Propuestas para reformar las políticas de drogas’ y el capítulo “Estado actual de la seguridad y la política de drogas en Chile” en el Anuario de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe 2015. Ha sido profesor en la Universidad Diego Portales, Chile e instructor en la California State University.